El conflicto se origina en los requerimientos de uso y explotación de la tierra por parte de la élite económica y los pueblos originarios. Son dos visiones contradictorias que incluyen ingredientes como derechos preexistentes, incluso anteriores a la existencia del Estado chileno y el derecho de propiedad sustentados en documentos y títulos conferidos por el Estado de Chile. En suma, se trata de un conflicto con ribetes económicos pero de naturaleza política.
A saber, el ethos (costumbre y/o conducta) que mueve a la élite chilena es “orden y progreso”, primando el progreso. Para que ocurra el progreso es requisito indispensable que exista orden. De ahí que desde los albores de nuestra historia, cualquier asunto que “revuelva el gallinero” (marchas, huelgas, protestas y reivindicaciones varias) siempre fueron visto por la élite como desorden, y estos “desordenes” fueron desde siempre duramente reprimidos. Sería lato enumerar la larga lista de masacres de obreros y estudiantes ocurridas a lo largo de nuestra historia, pero ahí están como testigo de esta doctrina. El problema radica en que las viejas prácticas de represión para restaurar el orden pudieron funcionar en el siglo XIX, incluso durante el XX funcionaron, pero generaron costos políticos y personales. Pero en los albores del siglo XXI ya no funcionan (los costos son mayores que los beneficios); más bien son un ingrediente más del problema.
Lamentablemente este leitmotiv mantiene atrapado el discurso y la acción de la clase política toda, que impide enfrentar y dar solución a la cuestión mapuche. Esto es tan evidente que desde el Estado (transversal a cualquier gobierno), no existe ningún plan que realmente solucione el conflicto, salvo la mano dura y la represión. Si esa es la receta para resolver este asunto, solo veremos más Camilos Catrillanca morir.
Desde el principio el “conflicto mapuche” ha sido abordado como hechos delictuales o de naturaleza terrorista. Clasificación que permite combatirla con sanciones más duras que un delito común. Incluso utilizar métodos que vulneran los derechos de los acusados.
La tesis de terrorismo fue instalada por los partidos de la derecha, como parte del habitual gallito político con la extinta Concertación. Recordemos que el conflicto se desata bajo los gobiernos de esta coalición, y la clasificación de terrorismo buscó torcer la acción política habitual de la centro-izquierda y forzarla hacia acciones de mayor represión, mas del gusto de la derecha (muy amiga de “la mano dura”), pero con costos para la centro-izquierda, en el poder en ese entonces. Con la actual administración la clasificación de terrorismo retorna con fuerza y validez a la Moneda y con ello se instala una serie de acciones concretas para enfrentar el problema. En una clara señal por mostrar diferencias con la administración anterior, acusada (por el establishment) de negligente en este asunto, aunque no exenta de represiones y de muertes.
La tesis de terrorismo tiene una segunda lectura, no solo busca reprimir con mano dura. En lo más profundo se busca invalidar la legitimidad de las reivindicaciones de los mapuches, y desconocer al otro como contraparte válido, como sujetos de derechos ancestrales. Que ha sido la tónica de la élite en esta materia.
De que existe violencia qué duda cabe, pero enfrentarlo solo como un problema de terrorismo requiere de un abordaje para el terrorismo, algo muy diferente a lo que hemos visto y es ahí donde esta clasificación comienza hacer crisis. Generando más problemas que soluciones, y finalmente enredar cualquier horizonte de solución. Si el problema mapuche fuera terrorismo entonces se debe trabajar en labores de inteligencia, contrainteligencia, protocolos de acción, detenciones y pruebas. Pero también tener alternativas de solución y de punto final. Si uno revisa los casos internacionales donde realmente hubo terrorismo (Irlanda, España y Colombia), la negociación y la amnistía (perdón) al final fueron más relevantes que la “mano dura” en la búsqueda de una solución, sustentados en labores previas de inteligencia. Se negocia con un conocimiento cabal del problema y del otro.
Pero como el conflicto mapuche es más de naturaleza política, con expresiones de violencia política, su solución es de orden político. Y no hay para qué buscar ejemplos en otros lados, en nuestra propia historia hay experiencia.
Durante la colonia los españoles herederos de una milenaria trayectoria de gobiernos, conflictos y negociaciones, optaron por negociar con los mapuches en los llamados Parlamentos Hispano-Mapuches (1593-1803). En 210 años se realizaron 33 parlamentos, y en dos de ellos la corona reconoce la soberanía y el territorio mapuche. Acuerdos que fueron ratificados por dos reyes españoles. Este punto no es menor pues al independizarse Chile, hereda absolutamente todas las obligaciones contraídas por la corona en nuestro territorio. Aquí los mapuches tienen dos puntos ganados.
Entonces lo mejor que puede hacer un presidente (el actual o el que venga) es parlamentar, pero antes deberá liderar esta acción y convencer a toda la clase política sobre este asunto, sobre todo a los sectores que se resisten de abandonar la tesis del terrorismo. Luego trabajar en una salida parlamentada sobre una agenda de puntos de negociación. Qué negociar, Con quiénes parlamentar? Los españoles ya lo habían resuelto: con todas las autoridades tradicionales reconocidas por los mapuches; todas; y negociaban la paz y la coexistencia pacífica y los protocolos de acción habituales entre dos pueblos (transito, comercio, inversiones, uso de los recursos, etc).
Cabe preguntarse: la élite económica aceptará esta forma de solución?.
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